La Ley 6/2025, de 28 de julio, que modifica la normativa del Régimen Económico y Fiscal (REF) de Canarias en relación con las inversiones en elementos patrimoniales destinados al arrendamiento de vivienda, no solo introduce nuevas posibilidades legales, sino que tendrá un impacto significativo en el mercado inmobiliario, el sector empresarial y, en última instancia, en la calidad de vida de los residentes en las Islas Canarias.
¿Cómo afectará este cambio?
1. Impulso a la inversión y dinamización del sector de la vivienda en alquiler
La ampliación de la Reserva para Inversiones en Canarias (RIC) para incluir inmuebles destinados al alquiler como inversión computable crea un incentivo fiscal muy atractivo para personas y empresas. Esto significa que muchos inversores que antes mantenían capital bloqueado podrán ahora destinar recursos a la construcción, adquisición o rehabilitación de viviendas para alquiler, incrementando la oferta y, potencialmente, estabilizando o reduciendo el precio del alquiler. Este dinamismo puede contribuir a mitigar el déficit de vivienda accesible existente en el archipiélago.
2. Mayor profesionalización del mercado del alquiler
Al establecer que los arrendamientos se considerarán actividad económica cuando se contrate a empleados por jornada completa, la ley fomenta una gestión más profesional y sostenible de los alquileres. Esto reducirá prácticas informales o poco transparentes y garantizará condiciones contractuales y de mantenimiento más claras y beneficiosas para los inquilinos.
3. Generación de empleo vinculado al sector inmobiliario y servicios conexos
La posibilidad de materializar la RIC a través de inversiones en creación de empleo relacionadas con las viviendas en alquiler incentivará la contratación en actividades de mantenimiento, administración, servicios auxiliares y construcción. Este efecto indirecto impulsará la economía local, especialmente en un contexto en el que la generación de empleo es clave para la recuperación económica.
4. Regulación más clara y controles que mejoran la transparencia
El cambio también incorporará mecanismos para evitar acuerdos encubiertos entre arrendadores y arrendatarios con el fin de aprovechar impropiamente las ventajas fiscales. Esto fomentará un mercado más justo, donde los incentivos se destinen efectivamente a ampliar y mejorar la oferta de vivienda destinada a alquiler habitual.
5. Acceso más fácil para pequeños y medianos inversores
La ley abre la puerta para que no solo grandes compañías, sino también particulares y pequeñas empresas puedan beneficiarse del régimen fiscal para inversiones en arrendamiento de viviendas. Esto democratiza el acceso a incentivos fiscales y puede favorecer proyectos de menor escala que colaboren con la oferta habitacional local.
6. Adaptación a las necesidades sociales y económicas actuales
Esta reforma refleja la sensibilidad del legislador ante la emergencia habitacional en Canarias, permitiendo que herramientas fiscales como la RIC se alineen con objetivos sociales, facilitando que los incentivos económicos generen un impacto tangible en el bienestar de la población y en la atención a colectivos vulnerables.
En definitiva
Este cambio normativo no es solo un ajuste técnico del régimen fiscal, sino una apuesta estratégica para revitalizar uno de los sectores clave en Canarias: la vivienda en alquiler. Las empresas y particulares que inviertan en este área podrán aprovechar un marco fiscal más favorable, pero también contribuirán a un modelo más profesionalizado, transparente y socialmente responsable que puede mejorar la calidad de vida en el archipiélago.
El impacto esperado es el aumento de la oferta de viviendas en arrendamiento, la estabilización del mercado de alquiler y el impulso económico local a través del empleo, todo ello bajo una regulación más clara y coherente con las necesidades actuales de Canarias.
